Vuelve a foja cero una emblemática causa narco pero un giro judicial evitaría que quede impune

Veredicto en el juicio por la causa “Luis XV”, en los tribunales de La Plata.

“El presente proceso es un claro ejemplo de la incapacidad del Estado argentino de investigar y juzgar este tipo de casos. La estructura y la formación media de los órganos acusadores para investigar con eficiencia y eficacia las grandes redes delictivas que operan impunemente en territorio ha quedado una vez más demostrada”.

Sintética y dura, la jueza Angela Ledesma -integrante de la Sala II de Casación Penal- describió así lo que fue el irregular derrotero de una de las causas narco más importantes de la Justicia federal: el operativo Luis XV, el primero en apuntar a la penetración de capos narcos colombianos en el país.

Hace dos semanas Ledesma y sus colegas Alejandro Slokay y Ana María Figueroa confirmaron gran parte del fallo que el Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata había dictado el 14 de julio de 2016, absolviendo por falta de pruebas a 12 de los 21 acusados que habían llegado a debate.

“La demora en las actuaciones, la ineficacia de la investigación, la cantidad de personas que fueron sometidas a proceso bajo una sospecha que luego no fue profundizada ni permitió el grado de certeza necesarios para la imposición de una condena, no son más que la reiteración de una triste historia que se repite a través del tiempo y que se hace más sentida en las causas complejas”, remató Ledesma.

Entre los que quedaron absueltos en 2016 -luego de un juicio que duró casi un año- estaba, por ejemplo, la colombiana María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez (52), viuda del capo del cartel del Norte del Valle Juan Carlos Ortiz Escobar (alias “Cuchilla”).

La mujer fue detenida en su departamento de la Torre Yoo de Nordelta. Llegó a juicio como financista de la banda acusada de intentar traficar 258,54 kilos de cocaína en muebles de estilo y tenía nexo con personajes de la talla de Alejandro Grací Alvarez (“Gato Seco”) e Ignacio Alvarez Meyendorff (extraditado a Estados Unidos en 2012).

El reciente fallo de la Sala II de Casación confirmó estas absoluciones pero (por mayoría) también abrió una ventana para que el caso no quede impune: convalidó la extracción de testimonios para investigar el delito de asociación ilícita.

En simples palabras: al absolver, los jueces de La Plata dijeron que no alcanzaban las pruebas para condenar a 12 personas (en su mayoría colombianos) por su participación puntual en el intento de contrabando de los 258 kilos de cocaína, pero destacaron que existían pistas para, al menos, investigar a las mismas personas y a otras también por formar una banda dedicada al narcotráfico.

Los jueces informaron “la necesidad de profundizar la investigación en torno al alcance de estos vínculos al margen de las conductas que constituyeron el objeto procesal (…) la tarea propuesta no deberá limitarse únicamente a la situación de quienes resultaron aquí enjuiciados ya que las manifestaciones de esta estructura alcanzarían a otros sujetos mencionados”. 

La cocaína secuestrada en el operativo Luis XV.

El TOF 2 ordenó esto a pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF), querellante en la causa. Y ahora, en el fallo de Casación, los camaristas Slokar como Figueroa convalidaron esta medida. Ledesma votó en disidencia ya que coincidió con la postura de las defensas de que se afectaba el principio de no juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho.

La decisión de la Sala II de Casación, que seguramente generará una colección de recursos por parte de las defensas, pondrá en manos del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena -que no instruyó la causa original- la posibilidad de investigar bajo una nueva perspectiva un caso que rozo la impunidad.

Y lo hará en un momento clave ya que una segunda parte del caso Luis XV -la que se refiere exclusivamente al lavado de dinero- está a punto del juicio oral con 27 personas del círculo de Ignacio Alvarez Meyendorff sentadas en el banquillo de los acusados.

Extraditado a Estados Unidos en el 2012, Meyendorff había creado un imperio en Argentina. A través de unas 30 empresas a su nombre, de sus familiares o de testaferros, compró propiedades, campos, ganado y caballos de carreras.

De acuerdo a datos de la UIF solo las propiedades que se encuentran embargadas llegan a la suma de 920 millones de pesos.

Este juicio, que tendrá a la madre, esposa y dos de los hijos de Meyendorff entre los acusados, comenzará antes de fin de año y promete dar a conocer los detalles de la vida de uno de los clanes narco colombianos más poderosos del país.