Amenazas de bomba: en el gobierno porteño reclaman $ 500 mil por daños y perjuicios

Los alumnos del Normal Nº 5 de Barracas protestan con un “abrazo” a la escuela, tras 10 amenazas en dos meses en 2015.

La Policía tiene un costo. Los Bomberos y Defensa Civil suman otro costo. Además hay una pérdida económica por las horas cátedras que el Estado paga a los docentes y que, por aplicarse el protocolo de evacuación, no se dictan. El Gobierno porteño, a través de su Ministerio de Educación, ya inició una serie de reclamos por daños y perjuicios a estudiantes que fueron identificados y procesados por el juez federal Claudio Bonadio, en una causa por intimidación pública tras una serie de amenazas hechas en 2015 a la escuela secundaria Joaquín V. González, y que obligó a activar el protocolo de evacuación del edificio.

El gobierno le reclama unos 500 mil pesos a cada uno de los autores de las amenazas. Dicen que eso es lo que le costó al Estado el operativo, sin contar el riesgo al que se sometieron los chicos evacuados, “que también podría calcularse económicamente”, dijeron fuentes oficiales a Clarín.

Los protocolos obligan a evacuar completamente la escuela, cualquiera sea la situación climática. Los estudiantes deben dejar sus pertenencias en el colegio y concurrir a un espacio común que debe quedar a más de 150 metros de distancia. Es entonces cuando intervienen los bomberos, la división perros de la Policía y Defensa Civil. Por lo general, las amenazas de bomba se hacen para “zafar” de un examen. 

Los estudiantes imputados en la causa seguida por Bonadio ya son adultos –tenían entre 15 y 17 años cuando hicieron la “broma” de la amenaza- ahora deberán hacerse cargo ellos mismos de ese monto. En el caso de los menores, los que deberán responder económicamente son los padres. Como en cualquier juicio de responsabilidad civil, si no pueden pagar el dinero establecido, la Justicia podrá pedir embargos a bienes o partes del sueldo de los imputados.

El año pasado tuvo su “temporada alta” de amenazas de bombas en los colegios porteños. Fue entre septiembre y octubre, tras las tomas de los colegios secundarios en protesta por la reforma educativa.

“Cada vez que se hace una amenaza de bomba interviene un juez federal distinto. Como esas amenazas de no son lo más relevante que tiene que atender un juez, pedimos que se unifique todas las causas de una escuela en un mismo juez, así se le puede dar más celeridad. Y la Justicia lo admitió”, dijeron fuentes del Ministerio de Educación porteño a Clarín.

La causa en el Joaquín V. González fue iniciada el año pasado por Bonadio, que logró identificar a 6 alumnos y un adulto y, por primera vez, los citó a declarar. La identificación se hizo con un informe de las compañías telefónicas. Esas llamadas habían sido realizadas con teléfonos a nombre del padre u otra persona relacionada con los jóvenes. En general eso no sucede, y por eso es tan difícil encontrar a los autores de las amenazas.

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