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Uno de los empresarios presos pidió licencia para que su compañía no pierda los negocios con el Gobierno

Gerardo Ferreyra, cara visible de Electroingeniería, quedó detenido la semana pasada por orden del juez Claudio Bonadio en el caso que investiga las coimas y que derivó en una acusación por asociación ilícita que tiene como principal responsable a Cristina Kirchner. Para la Justicia, una “organización delictiva” que se estima movió cerca de 200 millones de dólares en sobornos. Pero más allá de la evolución judicial, el empresario que vio crecer su patrimonio con los gobiernos K, desde la prisión, sigue pensando en los negocios: pidió licencia a su cargo como Director y Vicepresidente de la compañía hasta la próxima asamblea general ordinaria. La solicitud fue concedida por el Directorio en 24 horas. Buscan no perjudicar la continuidad de la compañía que entre sus principales obras tiene las represas de Santa Cruz.

“Es un movimiento que desacomoda y genera incertidumbre. Pero los proyectos están en marcha y es lo que hacemos, obras. La gente está trabajando para que las obras avancen”, aseguraron a Clarín fuentes de la empresa.

En la causa donde los empresarios están señalados como responsables de ser quienes “aportaban los fondos ilegales”, se investiga a Ferreyra y Jorge Neyra (gerente de Electroingeniería) por haber presuntamente pagado al menos 11 millones de dólares en coimas. 

Ferreyra, que conoció al ex todopoderoso secretario legal y técnico Carlos Zannini durante su militancia de izquierda en Córdoba, fue uno de los pocos que tuvo contacto con la prensa durante uno de sus traslados y, previsible, negó los delitos. Habló de “show mediático”.

En este escenario, al otro día de las detenciones, Ferreyra envió una nota donde explica que la decisión de correrse de su cargo “a fin de evitar que los ataques y acusaciones de las que estoy siendo objeto en el orden personal trasciendan a Electroingeniería SA, que no ha sido sometida a proceso y que me ha honrado con dichas diligencias”. Así, pidió licenciar su cargo de Director y Vicepresidente de la compañía hasta que se celebre la próxima Asamblea Extraordinaria. 

La empresa busca darle continuidad a las obras que tiene en curso, entre ellas la de mayor envergadura: las Represas del Río Santa Cruz, adjudicada dos veces por Cristina Kirchner y modificada por la actual gestión: su costo es de casi un 20% menos que lo pactado por el gobierno anterior, que se estimaba en 6.000 millones de dólares. Además, se agregó un complemento de una línea de alta tensión de 500 kilovatios. Las represas pasarán de 1.740 a 1.290 megavatios.

Pese a los objetivos de Electroingeniería, el Gobierno la quiere fuera del consorcio de la multimillonaria obra. La semana pasada, como ya contó Clarín, el ministro de Energía Javier Iguacel se reunió con autoridades de la Embajada de China y allí manifestó que para darle continuidad a la obra el socio local debía retirarse del consorcio. Se pidió que este pedido llegue a las autoridades de la constructora china Gezhouba.

 ¿Los motivos? Clarín pudo reconstruir la reunión y allí sin mayores vueltas se manifestó que Electroingeniería “es una firma sospechada de corrupción” y el contrato inicial -que esta gestión modificó-, “estaba viciado de hechos de corrupción”.

Si bien el actual Gobierno le hizo diversos cambios al proyecto original, entre ellos reducir sus elevados costos, la cartera que ahora conduce Iguacel analiza una auditoría interna que se realizó sobre el mega proyecto hidroeléctrico y no se descarta que de detectar nuevas irregularidades se hagan nuevas presentaciones en la Justicia.