Renunció el Contador General de la provincia de Buenos Aires

La gobernadora María Eugenia Vidal. – FTP CLARIN Hernan Nievas

En medio de una compleja situación en el pago a proveedores e incluso en tramitaciones que afectan el sistema de salud, entre otros servicios públicos de la Provincia, la Gobernación decidió el alejamiento de Contador General, Gastón Messineo, y en su remplazo será designada la actual secretaria Legal y Técnica, María Fernanda Inza, previa aprobación del pliego respectivo en la Legislatura.

Messineo fue el responsable de la implementación del Sistema Integral de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), que se aplicó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con resultados defectuosos en el estado provincial.

Con las formalidades del caso, la explicación extraoficial fue atribuible a problemas de salud del funcionario saliente. La desafectación tiene otro componente: el fracaso parcial del SIGAF como elemento modernizador de todos los trámites en curso en la administración bonaerense.

En el primer trimestre de este año casi no pudo aplicar el sistema. Las liquidaciones a proveedores prácticamente resultaron paralizadas. En el IOMA, los profesionales de la salud (incluidos kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, entre otros) no pudieron cobrar a término. El retraso lleva meses.

Ya en junio, la gobernadora María Eugenia Vidal había decidido intervenir la Contaduría con funcionarios del área de Modernización. Ahora se concretó el pase de Inza. La secretaria de Legal y Técnica integró, en su momento, la grilla de postulantes para un lugar en el Tribunal de Cuentas de la Provincia, acéfalo desde la jubilación del vocal Gustavo Fernández. El nuevo destino es menos descansado que ese organismo de control integrado por apenas dos vocales.

Las entidades empresarias advirtieron durante este tiempo el “grave atraso en los pagos”. Las Pymes son las principales afectadas porque, además, deben financiarse con tasas altísimas para sus compromisos mientras aguardan el pago de las acreencias que mantienen con el estado. La retracción de la actividad económica agrava la situación.

En Salud queda revelada una cuestión burocrática: la estructura disponible no está adaptada al sistema. También el SIGAF –según la explicación en esa cartera sanitaria- “tiene una conformación única que impide ser modificada e impide la adaptación del sistema a la demanda específica de cada caso”. De esa inconsistencia tecnológica quedan en riesgo, por ejemplo, el servicio de provisión de alimentos a los 77 hospitales que dependen del estado provincial. No por el costo que deben afrontar los empresarios, sin respaldo, si no porque los empleados a cargo de esas firmas no cobran y en consecuencia no trabajan.

Aseguran que será normalizado a la brevedad con las nuevas autoridades. Llevará algunas semanas. El Senado debe aprobar el pliego. Inza fue nombrada por la Justicia como interventora del PRO bonaerense. El agrupamiento político oficialista enfrenta un proceso judicial por los delitos de “posible Usurpación de Identidad, Falsificación de Documentos, Lavado de Activos y Violación de Secretos y Privacidad” Es una causa federal por presuntos “aportes truchos” para la campaña de Cambiemos en el 2017. Se desconoce que relevancia tendrá ese dato en el Senado, donde el macrismo es amplia mayoría.