Por un fallo judicial, la Provincia sumaría 27 diputados y la Capital perdería 7

Sesión del último miércoles en la Cámara baja, en la que se dio sanción a la llamada “ley Justina” para el transpalnte de órganos. Foto: Juan Manuel Foglia

​El fallo de la Justicia Electoral que “obligó” al Congreso, sin definir plazos ni forma, a “rediseñar” el mapa político de la Cámara de Diputados, introduciría cambios notables si se hiciese según la ley vigente.

Calculadora en mano, si la letra de esa norma se aplicara a rajatabla, Capital Federal perdería 7 diputados mientras que la provincia de Buenos Aires sumaría 27 y Córdoba 3. En tanto que Mendoza, Salta y Santa Fe agregarían uno más cada una.

Ese el número frío si se calcula, como se hizo en 1983, la fórmula que establece que debe elegirse un diputado por cada 161 mil habitantes o, por fracción superior a los 80.500 habitantes.

De esa ecuación, con una corrección posterior, surge el número de los 257 diputados de la actualidad. En 1983 fueron 254, que incluían 2 por Tierra del Fuego, que era territorio nacional, y que luego al ser reconocida como provincia, pasó a tener 5 diputados.

El sube y baja en la cantidad de diputados no es lo que ordena la Cámara Nacional Electoral (CNE) -que este jueves firmó un fallo con voto unánime de Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera para garantizar la proporcionalidad y representatividad. sino lo que resultaría si se traspolara aquella norma a la actualidad.

Sanitiago Corcuera, uno de los camaristas que votó por la “actualización” de la Cámara de Diputados

En ese caso, la provincia de Buenos Aires pasaría de 70 a 97 diputados, Córdoba de 18 a 21, Santa Fe de 19 a 20 y Capital Federal debería “entregar” 5 bancas.​

Hay, ahí, una desigualdad manifiesta: Córdoba y Santa Fe superan por varios miles la cantidad de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero tienen menos diputados.​

Hay varias salvedades. La misma ley establece que ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados, por lo cual provincias con poca población están “sobre representadas”.

De ahí surge diferencias cuantiosas. Con datos del censo 2010, un diputado por la provincia de Córdoba representa en la actualidad a 183.826 habitantes mientras que un diputado por la provincia de Santa Cruz a 54.792 habitantes.

Los extremos son provincia de Buenos Aires, donde cada diputado equivale a 223.215 habitantes, y Tierra del Fuego, donde hay un legislador cada 25.411. Es decir: la relación es casi 10 a 1.

El último presidente de facto, Reynaldo Bignone, dibujó el Congreso del retorno democrático. Lo hizo el 12 de julio de 1983 cuando promulgó el decreto, con fuerza de ley, 22.972 que definió cómo se repartirían las bancas de diputados.

El diseño está en el artículo 3 del texto que, en su primer artículo, convoca a elecciones para el 30 de octubre de ese año. El “dibujo” que dejó la retirada militar, tras la década negra y la guerra de Malvinas, perdura casi sin retoques.

Copia de la ley 22.-972, Ley Bignone, cantidad de diputados

Aquella “ley” estableció que el número de diputados nacionales a elegir “será de uno por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500”. El reparto se basó en el censo de 1980 que estableció en algo más de 29.7 millones la población argentina.

En paralelo, la norma adaptó un mandato constitucional que en su artículo 45 establece que la composición de la Cámara de Diputados se debe actualizar después de cada censo y adaptar a las variaciones de población.

La norma introduce otros elementos. Fija, por caso, que ninguna provincia puede tener menos de 5 diputados y que tampoco puede tener, a partir de 1983, menos diputados que los que tenía al momento del golpe en 1976.

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