Nuevas dudas y sospechas en la causa por la muerte del mapuche Rafael Nahuel

Las dudas y sospechas sobrevuelan las pericias y los testimonios obtenidos durante la investigación por la muerte de Rafael Nahuel el 25 de noviembre de 2017, en un predio ocupado por un grupo mapuche radicalizado en Mascardi, cerca de Bariloche, Por un lado, las pericias en las extremidades de los integrantes de Prefectura Naval y mapuches para detectar restos de pólvora difirieron sustancialmente en sus conclusiones. Mientras el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche dictaminó que no había residuos de pólvora en Nahuel, en el Servicio de Ingeniería y Química Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta indicaron lo contrario.

Según informó a Clarín el asesor legal del ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich, Fernando Soto, se está estudiando la posibilidad de iniciar acciones legales en contra de los científicos del centro barilochense puesto que “obviaron y no notificaron” la presencia de fulminante en las manos del joven. De acuerdo a esta versión, los propios científicos en Salta dieron la señal de alarma y se mostraron sorprendidos por las conclusiones –“fuera de lugar y con exceso en sus atribuciones”– a las que arribaron sus colegas en el sur.

Por otro lado, el cabo primero del grupo Albatros de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos (30) le aseguró al juez federal Gustavo Villanueva que él no cargaba con su subfusil MP5 el día en que falleció Nahuel. Según la pericias, la suya es el arma de la cual salió el disparo que hirió fatalmente al joven.

La investigación se enfrenta así a una encrucijada: si Pintos no disparó esa metralleta entonces tampoco mató a Nahuel y el proceso que lo tiene como imputado perdería sustento. Pero para defenderse, el prefecto podría estar mintiendo. Los análisis realizados por el perito balístico del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro, Roberto Nigris, certificaron que la bala que ingresó al cuerpo de Nahuel corresponde al subfusil MP5, número de serie 05-C335508 del cabo Pintos. Pero el efectivo le aseguró al juez Villanueva que esa tarde él solo estaba equipado con su arma reglamentaria, una pistola Beretta 9mm, número de serie 05P25873Z, un bomba de estruendo y una señaladora para lanzar proyectiles de pintura disuasivos, FN 303.

Consultado por el juez, Pintos atinó a especular con que quizás hubo un error al consignar el número del arma. El cabo segundo Juan Ramón Obregón portaba una MP5, serie 05-C335528. Un número de diferencia entre ambas. Fuentes internas descartan igual el posible error. Por otro lado, voces especializadas le aseguraron a Clarín que una equivocación en las propias anotaciones o en el trabajo administrativo de un perito de renombre como Nigris es improbable.

El cabo le explicó al juez Villanueva y a la fiscal Silvia Little, durante una declaración que duró alrededor de cinco horas, que su MP5 había quedado en la sala de armas en un hotel que se encuentra a unos 500 metros del territorio ocupado de Mascardi. Cuando se confirmaron los disparos cruzados estas armas fueron llevadas a la zona del predio ocupado.

“Estamos estudiando iniciar acciones judiciales en relación a las conclusiones a las que arribó el Departamento de Caracterización de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Nuestra información es que ya en el estudio original, realizado en el Centro Atómico, se registran las partículas correspondientes a la pólvora, pero en las conclusiones los científicos las niegan en el caso de Nahuel”, señaló Soto. “Se extralimitaron en sus conclusiones perjudicando la investigación judicial”, señaló.

En el Gobierno consideran que no fue pertinente enviar a hacer los análisis de las cintas de carbono a un departamento que dirige la científica Adriana Serquis conocida por su militancia kirchnerista. Serquis ha calificado al gobierno de Mauricio Macri como una “dictadura”. Fuentes científicas le relataron a este diario que la doctora recorrió la institución con un documento escrito por ella misma, donde se avala su trabajo en el caso Nahuel. Le pidió a casi todos los miembros del staff de la institución que lo firmaran pero muchos se negaron.

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