Menos de un tercio de las causas por corrupción que llegaron a juicio terminó con condenas

La histórica auditoría sobre las causas de corrupción tramitadas en la justicia federal entre 1996 y 2006 sigue mostrando dónde y cómo fue creciendo la epidemia de impunidad que asuela al país, y que pese a la gravedad de la crisis económica mantiene a la corrupción entre las cuatro primeras preocupaciones de los argentinos, según coinciden todos los sondeos divulgados en el último mes. Una nueva entrega del análisis encargado por el Consejo de la Magistratura indica que menos de un tercio de los poquísimos expedientes que llegaron a juicio oral terminó con alguna condena. Que tampoco es lo mismo que cárcel: hay multitud de penas “en suspenso”, probations o condenas que por lo exiguo de su duración fueron excarcelables. 

Recordemos el capítulo anterior, con la fotografía más espectral de Comodoro Py: en los tribunales federales porteños, de 1151 causas que se tramitaron en el lapso auditado, apenas el 8 por ciento tuvo procesamientos y elevación a juicio oral. Unos 92 expedientes. De la pequeña porción que llegó a manos de los seis Tribunales Orales que existían en ese momento y cuyo trámite terminó durante los veinte años analizados -579 causas, un número que no coincide con aquellas 92 por motivos procesales que hacen menos lineal la clasificación-, menos de un tercio terminó con la condena de los acusados. Lo dicho: la cifra se encoge hasta casi desaparecer si entre las sentencias se busca alguna prisión.

Veamos los primeros números. Al cierre del período auditado, los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, que juzgan todos los delitos contra la administración pública, habían culminado 579 causas, y mantenían en trámite 151: un total de 730 juicios, distribuidos de manera despareja según el azar o la carga de trabajo; al menos dos de los TOF en ese lapso llevaron a cabo larguísimos juicios por delitos de lesa humanidad, y por eso se los alivió de otras causas.

Por azar o por carga de trabajo -varios de los TOF gestionaron larguísimos juicios orales en causas de lesa humanidad, y por eso se los alivió de recibir otros expedientes de corrupción- la distribución del trabajo entre los tribunales no fue pareja. Mientras que el TOF 4 -que ahora está terminando el juicio por el caso Ciccone- tuvo 202 causas en el período auditado (181 culminadas y 21 en trámite), el TOF 5 manejó 171 casos (150 terminados y 21 en trámite); el Tribunal Oral Federal 1 132 causas (116 culminadas y 16 en trámite); el TOF3 91 expedientes (de los cuales concluyó 63 y mantenía en trámite 28): el TOF6 84 causas (34 culminadas y 50 en trámite) y el TOF 2, que antes de fin de año comenzaría a juzgar a Cristina Kirchner por el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, tuvo 50 causas, de las cuales cerró 35 y al cierre de la auditoría mantenía abiertas 15.

El promedio de duración de las causas culminadas es de unos dos años y medio, y el de las causas en trámite de tres años y medio. Esos promedios también disimulan la enorme diferencia en el desempeño de los distintos tribunales: mientras que como decíamos el TOF 6 mantenía 50 causas sin resolución, los otros no tenían en trámite más de 16, 21 o 28 casos, y el TOF 2 tenía sólo 15.

Pero vayamos a los datos centrales de esta entrega de la auditoría. ¿Cuántas condenas firmaron los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py entre 1996 y 2016? Las conclusiones que ayer analizaron los consejeros apenas aclaran que el TOF que más porcentaje de condenas tiene es de 53%, y el que menos un 18%. Pero un desagregado realizado por Clarín en base a las planillas que entregaron los auditores permite mirar un poco más abajo.

Pese a que la presentación de los analistas que trabajaron con los números de cada tribunal no fue homogénea, y que los datos que cargaron tampoco tienen el mismo nivel de desagregación, una mirada sobre aquella información más detallada permite alguna conclusión general. Los auditores del TOF 1 apenas consignaron si las causas concluidas habían tenido sentencia, sobreseimiento -cuando el proceso se cierra definitivamente exculpando al imputado porque se considera que el hecho investigado no encuadra en una figura legal, no fue cometido por el acusado o éste es inimputable; sobreseimiento por prescripción, cuando la investigación cesa porque transcurrió un tiempo superior al del máximo de la pena estipulada para el delito que se indaga; o incompetencia -si el juez remite el caso a otro colega por alguna razón que le impida ser quien lo investiga. Ese recorte no permite, por ejemplo, distinguir entre condenas y absoluciones.

En cambio, el TOF 2, que concluyó 35 causas, registra 7 condenas, otras 7 condenas en suspenso, 7 absoluciones, 6 sobreseimientos, 4 incompetencias, 3 juicios abreviados -donde se pacta una condena con los acusados, generalmente en causas con penas bajas- y 1 nulidad.

El TOF 3, que culminó 63 causas de corrupción entre 1996 y 2016 tuvo 17 condenas, 4 condenas en suspenso, 11 absoluciones, 5 sobreseimientos, 8 casos remitidos a otras instancias, 1 suspensión de juicio a prueba -similar a la probation, se arregla terminar el juicio a cambio de alguna medida reparadora por parte del acusado, en causas que por tener penas menores a tres años no tendrían cárcel- y 1 excusación. El dato clave es que hubo 11 causas que acabaron en nada por prescripción, es decir cuando la duración del juicio supera el plazo de la pena máxima para el delito juzgado, y el acusado puede pedir que lo dejen en paz como si nada hubiese ocurrido.

El TOF 4 es el que más causas concluyó en el lapso auditado: 181. El ránking de resultados lo encabezan los sobreseimientos, con 50 casos. Otros 38 tuvieron suspensión de juicio a prueba, hubo 24 declaraciones de incompetencia, 24 absoluciones, 12 probations, 11 prescripciones, 6 acumulaciones de causas con otras que se tramitaban en otros tribunales, 2 archivos y 1 declaración de rebeldía (acusados que se fugaron). ¿Condenas? En 32 causas. Menos del 18%.

El TOF 5​ también tuvo mucho trabajo en las dos décadas analizadas, en las que acabó 150 causas. Sus jueces firmaron condenas en 59 casos, probations en 37, hubo 21 absoluciones, 13 sobreseimientos, 10 declaraciones de incompetencia y otras tantas remisiones a otros tribunales. Apenas 3 prescripciones y 4 declaraciones de rebeldía.

Por último, el TOF 6 culminó 63 causas, de las cuales 34 acabaron con condenas (el 53% que decía la escueta estadística de las conclusiones) y 15 en absoluciones. Otros 4 expedientes se agotaron por prescripción.

No hace falta peinar estos números para comprobar que la compleja maquinaria judicial federal porteña funciona como una especie de telaraña al revés, en la que es casi imposible quedar atrapado por la ley justamente gracias a la cantidad de recursos y mecanismos jurídicos que todo el tiempo abren puertas de salida para los acusados por delitos de corrupción. El nuevo Código Penal, que el mes próximo será presentado y debería discutirse en el Congreso antes de fin de año, promete aumentar las penas y cerrar un poco los huecos por los cuales se filtran los corruptos. Y con ellos, la confianza de los argentinos en la justicia. 

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