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La Oficina Anticorrupción amplió los pedidos de información sobre los contratos de las empresas investigadas

El circuito de las coimas que podrían superar los 200 millones de dólares hace foco en las empresas de la construcción y del sector energético que obtuvieron contratos con el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Al pedido ya realizado por la Oficina Anticorrupción (OA) por orden del juez Claudio Bonadio, este viernes se sumó una ampliación que alcanza no sólo el detalle de montos y contratos que cada firma obtuvo, sino también todos y cada uno de los fideicomisos que constituyeron. La respuesta por parte de los organismos del Estado deberá ser “con carácter de urgente por la relevancia para la causa”, indicaron a Clarín fuentes oficiales.

Para la Justicia, existió y prevaleció en el tiempo, una asociación ilícita investigada, “destinada a organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal y enriquecerse ilegítimamente”, y que los 38 imputados utilizaron “dichos fondos para la comisión de otros delitos”.

En este entramado las empresas cumplen un rol clave para la Justicia. Fueron calificadas como quienes “aportaban los pagos ilegales” en un “sinnúmero de oportunidades”, dándole continuidad a un sistema que permitió mover “sumas millonarias” de dinero. 

Después de un primer pedido, como publicó Clarín, a los ministerio de Energía, Interior y Transporte sobre todas las contrataciones entre 2005 y 2015 de las empresas que aparecen en las anotaciones de Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta, el juez Bonadio pidió este viernes a Laura Alonso, titular de la OA, que amplíe dichos requerimientos vinculado a los fideicomisos constituidos con un nuevo recorte: desde 2008 a 2015 puntualmente.

Así, según la documentación a la que accedió Clarín, la OA requirió ahora a Nación Fideicomisos SA (NAFISA), información sobre “todos los fideicomisos financieros, de administración y de obra que se hayan celebrado entre los años 2008 y 2015, en los que haya registro de haberse contratado o subcontratado” a las empresas: Esuco, Albanesi, Rafael Albanesi, ODS, Iecsa, Pescarmona, BTU, Grupo Eling, Electroingeniería, Grupo Isolux Corsán, Helport, Hidrovía, Supercemento, IATE, Benito Roggio y Techint.

El pedido no sólo es con las contrataciones y fideicomisos en forma individual, sino también aquellos conformados en UTE. Se solicitó, informes sobre “todos aquellos fideicomisos en cuyos contratos y adendas hubiesen firmado como directivos o apoderados las personas”, investigadas en la causa de los “cuadernos de la corrupción”.

El trámite solicita “máxima celeridad” debido “al carácter de muy urgente de la misma”, por los alcances de la causa y las pruebas que se van recolectando al respecto. Para la OA en este punto, en la constitución de fideicomisos, puede haber “información que podría vincularse con la causa”, respecto a los montos abonados, el dinero por el cual se constituían, cómo era la maniobra y si allí se “canalizaba dinero de maniobras ilícitas”, explicaron.

El objetivo del organismo conducido por Laura Alonso apunta a establecer un “mapa completo” con las fechas de los contratos, los montos y los socios o vínculos de las firmas con el exterior, para colaborar con el juez Claudio Bonadio en la estrategia de cooperación judicial internacional, en algunos casos acceder a información de otros países y en otros impulsar la apertura de investigaciones.

Así, al ministerio de Energía, al de Transporte y a la cartera del Interior, se les envió la correspondiente nota, solicitando que informen sobre “todas las licitaciones, contrataciones o subcontrataciones bajo cualquier modalidad, obra pública o infraestructura, realizadas con el Estado Nacional -incluyendo entes autárquicos y descentralizados y empresas con participación estatal- entre los años 2008 a 2015”, donde participaron las firmas investigadas.

Uno de los objetivos de los pedidos que ahora se ampliaron a otros organismos, es estimar el valor total de las obras en ese período y con esas sociedades, para hacer un cálculo de cuánto dinero se destinó al pago de coimas. El otro será identificar los socios de las firmas locales en los contratos, para extender las investigaciones por el presunto delito de “soborno transnacional” y acceder a información en el exterior para sumar o complementar a la aportada por los “arrepentidos” en el país.