La justicia argentina ahora investiga la ruta del dinero de la compra y venta de acciones de YPF

Luego de que un tribunal de EE.UU fallara contra YPF en Nueva York en un juicio multimillonario, el juez federal Ariel Lijo ordenó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que investigue “la trazabilidad del capital” utilizado por el Grupo Petersen para comprar en el 2005 el 25 por ciento de las acciones de la más grande petrolera argentina.

En una resolución, Lijo -que investiga una denuncia por supuesto “vaciamiento” de YPF realizada por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió- pidió a la UIF que precise los movimientos financieros “de los sujetos involucrados (personas físicas y jurídicas)”, en referencia a los bancos suizos que financiaron en parte la operación.

Pero la parte más políticamente sustanciosa es la que dice que el informe de la UIF -que dirige Mariano Federici-: también deberá incluir “los datos relativos al financiamiento por intermedio de entidades financieras a través de los propios socios o terceras personas que no fueron identificadas”. Según fuentes judiciales este párrafo se refiere a la denuncia de Carrió según la cual el ex presidente Néstor Kirchner habría usado parte de los 600 millones de dólares de los fondos de Santa Cruz para apalancar la operación.

“De igual modo, deberán establecer la ruta y el origen de los fondos utilizados para el posterior pago de aquellas obligaciones crediticias contraídas al efecto de financiar la adquisición de YPF. En este punto, se deberá tener especialmente en cuenta el circuito y destino final de los dividendos pagados por la mencionada compañía”, agrega la resolución a la que accedió Clarín en fuentes judiciales. Sucede que Carrió, a través de la diputada y abogada experta en auditorías, Paula Oliveto, había solicitado al juez saber “el destino de unos mil millones de dólares de ganancias” de YPF-Repsol que fueron girados a la sucursal española del Grupo Petersen antes de la polémica reestatización impulsada por la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro de Economía y actual diputado Alex Kicillof.

“Finalmente, la UIF deberá informar acerca de garantías y garantías colaterales que se hubiesen ofrecido en caso de imposibilidad de cumplir con las obligaciones”, agrega la resolución de Lijo.

Paralelamente, este viernes Carrió pedirá al Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, que pida a la justicia de EE.UU. el inicio del llamado proceso “Discovery” para que se investigue toda la financiación de la compra de ese 25 por ciento de acciones y la venta de ese paquete, en el 2015, al fondo buitre Burford, que reclama 3 mil millones de dólares, tal como ayer Clarín adelantó en exclusiva. Esta cifra es el doble de la que le pagó el gobierno de Mauricio Macri al fondo buitre Elliot al iniciar su gestión para levantar los embargos que sufría la Argentina y reincorporarse al mercado financiero internacional. Con el “Discovery” se intenta demostrar que la operación financiera fue ilegítima y, por lo tanto, no tienen derecho alguno los compradores de esas acciones.

El Gobierno, representado por Saravia Frías y el director de YPF, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, preparan la apelación al fallo de un tribunal de apelaciones de EE.UU que le dio la jurisdicción del juicio a una jueza norteamericana y no a los tribunales argentinos.

Los representantes argentinos tienen 14 días hábiles para presentar la apelación ante el tribunal de apelaciones y 90 días si van directamente a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ayer, el gobierno presentó un escrito a ese tribunal para pedir que no levante la suspensión del juicio del fondo Eaton que le vendió a Burford sus derechos por el 3 por ciento de las acciones de YPF y un reclamo de otros 500 millones de dólares.

En fuentes del Gobierno se subrayó que el fallo contra YPF citó un discurso de Kicillof del 17 de abril del 2012, en el Senado cuando describió como “estúpidos a aquellos que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar a todos según el propio estatuto de YPF, respetando su ordenanza. También desestimó los requisitos de la oferta pública de acciones como “injusta” y una trampa para osos”. El tribunal lo dio como ejemplo para rechazar la soberanía de la justicia argentina en este pleito. Burford argumenta que el gobierno K debería haber hecho una oferta pública de acciones y también darle la opción de venta al Grupo Petersen. Cristina pagó 11 mil millones de dólares a Repsol pero nada al Grupo Petersen.

Mientras tanto, Carrió también solicitó a la Oficina Anticorrupción (OA), que dirige Laura Alonso, que se presente como querellante en la causa por el vaciamiento de YPF. Inmediatamente, la OA pidió al juez Lijo poder ver la causa y sacar fotocopias para analizar el caso a fin de decidir si se encuadra dentro de la competencia de ese organismo.

Consultados voceros del Grupo Petersen de la familia Eskenazi sobre la decisión del juez Lijo recordaron que la compra del 25 por ciento de las acciones de YPF en el 2005 “fue absolutamente transparente, aprobada por la SEC de EE.UU. (la comisión de Valores de los EE.UU.), y por varios organismos internacionales que supervisaron la operación de la cual participaron 6 bancos internacionales”.

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