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El único prófugo en la causa de los cuadernos pidió su eximición de prisión

José Manuel Ubeira, abogado de Oscar Thomas, él único empresario que se encuentra prófugo en la causa de los cuadernos de la corrupción K, presentó este lunes ante el juez federal Claudio Bonadio un pedido de eximición de prisión de su defendido, como condición para presentarse a declarar.

Ubeira llegó a Comodoro Py alrededor de las 11:30 y, sin hacer declaraciones a la prensa, se dirigió al despacho de Bonadio, donde hizo la presentación. El objetivo es que su cliente tenga la garantía de que quedará en libertad si se presenta a declarar.

El empresario prófugo desde el miércoles pasado está acusado de ser partícipe necesario de una asociación ilícita que se dedicó durante 10 años al pago y cobro de sobornos. La investigación busca reconstruir la ruta de las coimas que podrían ascender, según la fiscalía, a 200 millones de dólares.

El ex director del ente que administra la represa binacional de Yacyretá, es el único que permanece fugitivo tras las órdenes de detenciones dispuestas por Bonadio.

Thomas fue durante una década el director argentino a cargo del Ente Binacional Yacyretá -el organismo que el ex presidente y actual senador Carlos Menem, en el ejercicio de la primera magistratura, llegó a calificar en la década del 90 de “monumento a la corrupción”- y se retiró en diciembre de 2015, al final del segundo mandato de gobierno de la actual senadora Cristina Kirchner.

De acuerdo con las anotaciones que Centeno asumió como propias, el prófugo Thomas le entregó a Roberto Baratta US$ 1,1 millón el 12 de agosto de 2009 en la entrada del edificio ubicado en Juncal 1740. Ese mismo año, el chofer también escribió en sus cuadernos: “Mientras viajábamos (Baratta) lo llamó al jefe (De Vido) y le dijo que ente Yacyretá y Transporte habían aportado para la Corona US$ 657 mil”.

En sus diez años al frente de Yacyretá, cargo en el que sucedió a Humberto Schiavoni, Thomas llegó a manejar presupuestos anuales que oscilaron entre los 700 millones y los 1.000 millones de dólares, parte de los cuales, se sospecha, fueron utilizados para solventar campañas electorales no sólo en las provincias del Litoral y el Nordeste Argentino (NEA) sino también de la provincia de Buenos Aires.