El juicio a José López continuó con una audiencia de apenas 30 minutos

A casi un mes de iniciado el juicio por enriquecimiento ilícito contra José López, el ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, se realizó la tercera audiencia que duró tan sólo media hora. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) debe resolver si aceptará la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el juicio, o hará lugar al rechazo de los abogados defensores sobre la participación del organismo antilavado. La próxima audiencia será el 12 de julio y las indagatorias de los acusados recién comenzará a mediados de agosto.

Poco después del mediodía, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) inició el traslado de José López hacia los Tribunales de Comodoro Py. El trayecto demandó más de una hora y media para que presencie la tercera audiencia del juicio en el que se lo acusa por enriquecimiento ilícito. En esta oportunidad la audiencia sólo duró treinta minutos y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 12 de julio. El calendario judicial cuenta con la feria de invierno y el juicio se retomará el 10 de agosto.

Con un suéter color natural, jean y zapatillas, José López ingresó a la Sala AMIA. Minutos antes se le retiraron las esposas, y al igual que en las audiencias anteriores mantuvo entre sus manos una carpeta con elásticos. Durante la medida hora que duró la audiencia, solo una silla lo separó de Amalia Díaz, su pareja también acusada por enriquecimiento ilícito. Se saludaron con un beso antes que el personal del SPF escolte al ex funcionario K para trasladarlo nuevamente al Penal de Ezeiza.

Durante la breve audiencia de este viernes sólo expuso el abogado de la UIF -Martín Olari-, defendiendo el rol de querellante que pretenden tener en este juicio. El organismo que conduce Mariano Federici busca acusar a López por lavado de dinero. Las defensas señalaron que no correspondía que cumpla dicho rol, ya que no lo hizo durante la instrucción. Fue la Cámara de Casación la que habilitó días previos al inicio del juicio, a la UIF como querella. 

En tanto,  el fiscal ante el Tribunal Miguel Ángel Osorio sostuvo que el organismo tiene “obligación legal y potestad de participar del proceso con las limitaciones propias que surgen de no haber podido intervenir en la instrucción”.

El TOF 1, integrado por los jueces Adrián Grumberg (presidente del Tribunal), José Michilini y Ricardo Basílico, comunicará su decisión la próxima semana. Así, el juicio aún se encuentra en la instancia de las cuestiones preliminares y en tanto no se resuelva si la UIF será tenida en cuenta como querellante, no iniciarán las indagatorias, donde se espera escuchar a José López.

Días antes del arranque del juicio, la Cámara de Casación había aceptado al organismo antilavado como querellante en esta instancia, lo que devino en el reclamo de las defensas de los acusados para evitar que esto sea considerado. Así, hasta tanto no se resuelve el incidente, es decir, si la UIF efectivamente será tomada como querellante o no, no comenzará la etapa de las indagatorias.

El ex funcionario de Obras Públicas llegó a esta instancia por tres hechos: la posesión injustificada en su patrimonio del dinero de los bolsos que arrojó en el convento de General Rodríguez. Horas previas al juicio, el juez Daniel Rafecas -quien tuvo a cargo la instrucción-, reiteró: “López admitió que ese dinero provenía de la política”. La madrugada del 14 de junio de 2016 López ingresó al monasterio, donde buscó esconder los bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos y relojes Rolex.

Además, con el fin de enriquecer su patrimonio, se le atribuyó la compra y refacción de una casa en Tigre, que López decía alquilar y la justicia determinó que era de su propiedad. Fue registrada en calidad de testaferro, primero a Galera -hasta el año 2010- y después a nombre de Gutiérrez. La tasación oficial le otorgó un valor de 480.000 dólares a la propiedad.

También, el ex secretario de obras públicas, fue procesado por la compra del departamento en la avenida Las Heras. Allí habría utilizado como pantalla a la sociedad “Marketing y Eventos S.A.”, propiedad del empresario Carlos Gianni, y al abogado Marcos Artemio Marconi. El valor de la propiedad es de 110.000 dólares.