El 10% de los funcionarios no presentaron sus declaraciones juradas del año 2016

Pese a que es una obligación legal, el 10% de los funcionarios del gobierno nacional, policía federal y universidades públicas todavía no presentó sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al año 2016, en la Oficina Anticorrupción (OA). Los plazos están vencidos y el organismo que conduce Laura Alonso decidió dar a conocer el listado de incumplidores, entres los que se destacan los embajadores José Octavio Bordón (Chile), Ramón Puerta (España), Normando Alvarez García (Bolivia) y Mariano Caucino (Israel).

Hubo 5.424 funcionarios que no presentaron sus declaraciones juradas patrimoniales del período 2016, sobre un total de 53.652 funcionarios jerárquicos de la Administración Pública Nacional que tenían la obligación de hacerlo antes del 19 de junio, que fue cuando cerró este informe la OA. De ese total, hubo 3.131 funcionarios que el organismo califica como “incumplidores”, ya que no presentaron absolutamente nada sobre su situación patrimonial, entre los que figuran los cuatro embajadores.

Mientras que otros 2.293 funcionarios lo hicieron “a medias”, ya que enviaron su declaración jurada a la AFIP, pero no lo hicieron ante la Oficina Anticorrupción, donde debían incluir toda la información reservada sobre sus patrimonios. En esta situación se encuentra el embajador en Brasil, Carlos Magariños, así como muchos empleados jerárquicos de fuerzas de seguridad y universidades públicas. Por ejemplo, figuran en ese listado Miriam Lunello, vicedirectora de la Universidad Nacional de Cuyo, y Osmar Guillermo Martens, jefe de Operatoria de Fronteras de la Gendarmería.

“Hay que remarcar que todos los ministros, secretarios y subsecretarios han cumplido con su obligación de presentar la DDJJ 2016 ante la OA”, dijo Laura Alonso desde su cuenta de Twitter. Y agregó: “Antes de la próxima presentación de DDJJ del PEN se hace un nuevo corte de control. Subió el cumplimiento general, pero todavía falta para llegar al 100%. Hay mejoras notorias por un buen trabajo de articulación entre la OA y más de 200 áreas de RRHH. Felicitaciones!”.

Es que en octubre de 2017 el nivel de incumplidores se situaba en el 17,3% de los funcionarios, bajando ese porcentaje al 10,1% al 19 de junio de este año, cuando se cerró este informe de la Oficina Anticorrupción. De todos modos, que 48.106 personas hayan cumplido con su obligación legal, no significa que sus papeles estén en orden. Es lo que ocurrió, por ejemplo, con Eduardo Martelli, secretario de Modernización Administrativa, que fue intimado por la Oficina Anticorrupción para que aclare su situación, ya que figura en los Panama Papers como dueño y administrador de una sociedad offshore, pese a que ese dato no estaba en su declaración jurada. 

En 2016, el organismo oficial presentó 126 denuncias penales contra funcionarios por incumplimiento en la obligación de presentar sus declaraciones juradas. Al año siguiente presentó 120 denuncias y este año se presentaron hasta ahora 17 denuncias, según informó en un comunicado la OA. Y añadió que ese organismo “continúa promoviendo que las distintas áreas de recursos humanos apliquen la retención del 20% del salario a aquellos funcionarios que adeuden la presentación requerida por ley”.

A la vez, la OA decidió prorrogar hasta el 31 de agosto el plazo de vencimiento para que los funcionarios presenten las declaraciones juradas correspondientes al año 2017, ya que tienen hasta el 31 de julio para presentarlas ante la AFIP y luego deben enviarlas a la Oficina Anticorrupción.