Detectan irregularidades en empresas de Cristóbal López

Las empresas del Grupo Indalo, propiedad de Cristóbal López, no estaban en regla. En la causa donde se investiga si la intención de venta del paquete accionario respondió a una maniobra fraudulenta, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi recibió un informe pericial que dio cuenta sobre la existencia de diversas irregularidades en los libros de registros de accionistas presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

La documentación ingresada al juzgado es sobre siete de las compañías del Grupo Indalo. Los peritos detectaron irregularidades tales como enmiendas sin salvar, sobreescritos, espacios en blanco y anotaciones hecha con lápiz, algo contrario a la normativa.

Las empresas que incurrieron en estas irregularidades son la quebrada Oil Combustibles, Indalo Inversiones de Argentina SA; la constructora CPC SA; IGD S.A, la petrolera Oil M&S; Global Investments SA y M&S Consulting SA.

“Los agregados en lápiz deben tenerse por no escritos por no estar realizados en tinta indeleble y ser fácilmente modificables (sin perjuicio de lo cual pueden resultar de utilidad como indicios)”, indicó Virginia Scharn, Jefa de departamento de denuncias y fiscalización de sociedades comerciales del Ministerio de Justicia, según consta en el dictamen del fiscal de la causa, Ramiro González.

El representante del Ministerio Público Fiscal, en un dictamen al que accedió Clarín, consignó cada una de las irregularidades informadas. Allí se señaló, en letra de Scharn:  “Asimismo la validez de los asientos que contengan enmiendas y sobreescritos no salvados en legal forma deberá ser apreciada por Vuestra Señoría, según la medida en que el defecto excluya o reduzca su fuerza probatoria”, sostuvo.

De la labor efectuada por personal de la IGJ se desprende “la existencia de irregularidades en los libros correspondientes a empresas pertenecientes al Grupo Indalo, hoy renombrado como “Ceibo”, debido al incumplimiento de las formalidades requeridas por la legislación que rige en la materia”, indica el informe.

En consecuencia, el fiscal González solicitó que se convoque a un cuerpo especializado de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, para someter a un análisis específico, los libros de Registros de Acciones de las sociedades que están constituidas fuera de Capital Federal.

La finalidad de la medida es “establecer si el modo en que han sido llevados -los libros- vulnera los preceptos, requisitos y formalidades exigidos por la ley”.

Aún resta el análisis de otro conjunto de empresas que se creó en distintos lugares del interior del país. Se trata de: Promet SA, Los Notros SA, Tecnological SA, South Mineral SA, Brook D.A., Petrolera Cerro Negro SA, Inverco del Cono Sur SA y Magenta SA. Por ello, González pidió que se proceda a “analizar los Libros de Registros de Acciones de las Sociedades que no han sido constituidas en esta ciudad”.

Uno de los motivos por los cuales Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa terminaron detenidos (después de ser procesados por el juez Julián Ercolini por administración fraudulenta al no pagar 8.000 millones de pesos a la AFIP correspondientes al impuesto a los Combustibles) fue por el supuesto intento de eludir a la Justicia con la venta de su holding a OP Investments, de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre.

Todos fueron imputados por el fiscal Ramiro González, quien consideró que se debe investigarse si la operación corresponde a una acción fraudulenta. En este causa es que se impulsan las medidas sobe los libros societarios.