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Ciccone: sorpresas, desahogo y el máximo castigo posible para una causa emblemática con penas leves

La exasperante laguna de dilaciones, recursos, apelaciones y chicanas de todo tipo y color que el ex vicepresidente Amado Boudou, su socio y amigo de toda la vida José María Núñez Carmona y el resto de los acusados por el escándalo de la imprenta Ciccone quedó atrás este martes, con una rotunda condena de cinco años y diez meses de prisión como culpable de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. Con una montaña de pruebas acumuladas en la causa desde 2012 y ante una sociedad especialmente sensible a los estragos que la impunidad viene causando desde hace años en el tejido social, económico y sobre todo moral del país, la imagen del canchero ex disc jockey marplatense retirado de la sala por los policías que lo acompañaran hasta la cárcel funciona como un desahogo ante tanta frustración. 

Comparemos: hace exactamente un año, otro tribunal oral -el numero 1- le había perdonado al ex vice una parva de irregularidades con las que intentó esquivar el pago de la parte que le correspondía a su mujer respecto a la venta de un auto, falsificando los papeles del vehículo. Tras una larga instrucción y varias audiencias orales, los jueces consideraron que el plazo para juzgar la falsificación de esos documentos públicos había vencido, y que por eso el proceso no quedaba en nada. Tal el significado de la palabra técnica “prescripción”. Tan escandalosa fue esa sentencia, que la Cámara de Casación la declaró nula y ordenó hacer otro juicio, que aún no comenzó.

Hasta entonces, la idea de un funcionario público corrupto tras las rejas era tan remota como la de una Argentina próspera y justa. Por cierto, ambas utopías están estrechísimamente vinculadas. Pero apenas unos meses después, en noviembre, el péndulo argentino ya estaba en el otro extremo, y Amado Boudou era encarcelado sin indagatoria ni procesamiento previos, por supuesto enriquecimiento ilícito. La prefectura lo fue a buscar a su casa y lo fotografió en pijama recién levantado, violando su intimidad con un show indigno. Eran tiempos de detenciones por kilo, en que varios jueces buscaron acortar de golpe el camino en círculos y hacia ninguna parte por el que habían llevado todas las causas por corrupción.

Como era de esperarse bajo un estado de Derecho mínimamente razonable, esos atajos espectaculares y muchas veces reñidos con la ley también fueron revertidos, dejando a los argentinos más confundidos y furiosos que antes: ¿los corruptos seguirían impunes? ¿Al final Boudou era inocente? Ni una cosa ni la otra. 

Con aquella mochila de chicanas a cuestas -y dos personajes clave en la operación con Ciccone que aún no fueron juzgados, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el banquero Jorge Brito- la más famosa de las causas llegó al fin a juicio, y este martes una condena efectiva. ¿Menos de seis años de cárcel es poco para semejante escándalo? Puede ser, pero con las leyes actuales no se puede pedir más.

El presidente del tribunal pronunció la dura sentencia -apenas dos meses menor a la máxima posible, de seis años- tras unas pocas palabras que explican ese número: ambos delitos fueron juzgados “en concurso ideal”, es decir que no se sumaron las penas correspondientes a cada uno sino que se unificó esa cifra por considerarse que se trató de un solo hecho en el que se cometieron ambas infracciones.

La segunda explicación para la condena es que los delitos contra la administración pública tienen penas bajas, ampliando aún más el portal de impunidad ya lo suficientemente grande a causa de las demoras procesales, la posibilidad de acumular quejas y la ventaja inigualable que ofrece el calendario a todos los delincuentes con penas breves: si cualquier juicio por corrupción que logra sortear el habitual archivo dura más de una década, el término de seis años para investigar y juzgar un delito se parece a un desafío inalcanzable. Si el Congreso llegara a aprobar el anteproyecto de Código Penal que una comisión presidida por el camarista Hernán Borinsky ya tiene listo, casi todas las penas para la corrupción serán más altas, con cotas de 12 años.

Estamos hablando de otro país, por supuesto. Pero que puede quedar un paso más cerca tras la sentencia que el juez Pablo Bertuzzi le leyó en la cara al ex vicepresidente de la Nación y sus cómplices. Ahora vendrán más apelaciones y trucos para pedalear la condena. Pero esa es otra pelea.