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Causa Ciccone: antes de la sentencia, Boudou negó las acusaciones y dijo que el juicio tuvo “cosas extrañas”

Bouduu habló durante más de 20 minutos en la audiencia final del juicio por el caso Ciccone.

El ex vicepresidente Amadou Boudou, dio este martes sus últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en la causa en la que se investiga la venta de la ex calcográfica Ciccone. Antes de la sentencia, que se conocerá después del mediodía, el ex vicepresidente negó las acusaciones y afirmó que el juicio “tuvo cosas extrañas del comienzo”. 

Boudou podría ser condenado por cohecho en concurso real con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública y se especula con su posible regreso a prisión. El ex vicepresidente estuvo preso 70 días por orden del juez Ariel Lijo en una causa por enriquecimiento ilícito y fue la Cámara federal porteña quien ordenó su excarcelación al igual que la de su socio y amigo, José María Núñez Carmona.

En poco más de 20 minutos, Boudou hizo un recorrido por la causa en el que negó que haya cometido cohecho y negociaciones incompatibles con la función público, los dos delitos que se le imputan. 

En ese sentido, haló de un “relato construido” en el que se “invirtió la carga de la prueba”, y afirmó que a lo largo del juicio “muchas cosas quedaron aclaradas y desbaratadas”.

“Jamás negocié por mí o a través de terceros el 70% de Ciccone. Si fuera cierto, la parte que se transfirió no era toda del señor Nicolás Ciccone. Faltaría alguien que cohecho, que ni siquiera pasó por acá. Esto fue así desde el comienzo”, explicó.

Además, subrayó que en su declaración, Alejandro Vanderbroele “explicó que el cohecho no existió” y que “la empresa era de empresarios, y que supuestamente había escuchado que yo tenía relación con esos empresarios”.

“Se intenta tomar como verdaderas cosas que él dice que le contaron que yo dije. Es demasiado mediato para ser una prueba, sobre todo cuando viene de un imputado, por más colaborador que sea”, dijo.

Con respecto a las posibles negociaciones incompatibles, recordó que “el asesor jurídico del ministerio de Economía, una persona que evidentemente simpatía no nos guarda, dejó en claro no solo que él había hecho el dictamen y que la nota que firmé tenía todo ese dictamen, sino que el párrafo que le causaba que era llamativo para la fiscalía, se lo adjudicó como propio”.

A lo largo de su exposición también hizo un recorrido por cuestiones filosóficas de la utilización del mensaje, de su recorrido por la función pública, y vinculó las causas judiciales en las que está involucrado a una supuesta “revancha de clases”.

“Aquí tenemos la posibilidad de refrendar el derecho, saber que no se puede invertir al carga de la prueba, que un testigo es un testigo, que las pruebas materiales valen más que los dichos. Creo que de esto está hablando este hecho de hoy: si vamos a tener un país que vuelva a ser más justo o un país donde hechos resonantes sirvan para esconder las injusticias más grandes que pueda llevar adelante el poder”, subrayó.

“Quiero dejar este testimonio para las jubiladas y jubilados, los chicos y chicas de la Asignación Universal, para quienes recibían la computadora y este Gobierno decidió dejar de dárselas. Para todos los que me votaron y los que no me votaron, les quiero decir que la única verdad es la realidad. Voy a enfrentar siempre con la misma convicción, fuerza y alegría, ser parte del proceso político que cambió a la República Argentina e hizo que haya mucha más justicia en este país”, concluyó Boudou su exposición.

En el inicio de la audiencia, el ex dueño de la compañía, Nicolás Ciccone, insistió con que fue “despojado” de su compañía y habló de una maniobra del Gobierno kirchnerista para obligarlo a declarar la quiebra. 

“Queda claro que los principales responsables no tuvieron que enfrentar este juicio, los que pergeñaron la maniobra para quedarse con la empresa. La quiebra fue el resultado de una acción puramente hostil por parte del Gobierno, no pagando lo que le adeudaba y no otorgarle el certificado fiscal hasta ahogarla, llevándola innecesariamente hasta la quiebra”, sostuvo.

“Después de forzarme a vender el 70% de la compañía el Estado la expropia, un despropósito que no tiene sentido… He sido víctima de este proceso”, añadió.

Nicolás Ciccone, ex dueño de la compañía, durante la audiencia final del juicio. (Maxi Failla)

Otro que habló fue Rafael Resnik Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, quien reiteró su inocencia y apuntó con el ex titular del organismo, Ricardo Echegaray.

“Señores jueces: creo que tanto ustedes como yo y varios saben que no soy parte de ningún plan criminal ni desarrollé mi cargo conforme me lo exigían y como ustedes se comportarían en sus respectivas magistratura. Creo en las instituciones y en la división de poderes. ¿Creen que quien les habla fue el administro federal de ingresos públicos o el ministro de Economía de facto?”, señaló en su exposición. 

Quienes decidieron no hablar fueron Alejandro Vanderbroele y el ex jefe de asesores del ministerio de Economía, Guido Forcieri.

A su turno, Núñez Carmona también se declaró inocente, calificó el juicio como “un acto político” y dijo que es un “disparate” el pedido de detención inmediata.

“Me parece un disparate el pedido, estamos a derecho. Tengo mi familia acá, mis amigos, mi patrimonio. No hay ninguna justificación para el pedido de detención. Tiene que ver con una acto político, estamos ante una cantidad de situaciones que están permanentemente el tema de la corrupción. Me parece que hay garantías instituciones que debemos empezar a respetar. Todos los días la ley para los procesados cambian. Y no es casual que haya un tema político atrás”, sostuvo.

En el expediente que instruyó el juez federal Ariel Lijo se sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos de Núñez Carmona a través de Alejandro Vandenbroele, nombrado en el fondo de inversión. Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner (ex funcionario de la AFIP) y César Guido Forcieri (ex integrante del ministerio de Economía) también fueron parte de la operación que permitió que la ex Ciccone, única empresa con capacidad para imprimir billetes, quedara en manos del entorno del ex vicepresidente.

El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales en 2011, sino que en abril del 2012, el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de 100 pesos, por un costo de $ 140 millones. 

Durante el juicio se escucharon más de 80 testigos y las indagatorias de los principales acusados que pidieron en la instancia de los alegatos, su absolución. En el caso de Boudou, solicitó que en caso de que se avance hacia su condena, no se haga lugar al pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) que, en su rol de querellante, requirió la pena máxima, seis años con prisión efectiva al momento de la lectura del veredicto.

Cuando se inició el juicio por la compra de la ex Ciccone, fue el fiscal Marcelo Colombo quien apuntó a la responsabilidad de Boudou y su entorno para quedarse con la máquina de hacer billetes. Consideró durante sus alegatos que su hipótesis inicial “estaba corroborada” y solicitó para el ex vice una pena de cinco años y seis meses de prisión, más una multa de $ 90.000 y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Oficina Anticorrupción (OA), al igual que el fiscal ante el Tribunal, pidió una condena de cinco años y seis meses para Boudou, con una multa de $ 90.000 y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su lado, la segunda querella, la Unidad de Información Financiera (UIF), requirió una condena de seis años de prisión efectiva al momento de la sentencia.