“Se nota un fuerte retroceso en materia de derechos humanos a nivel mundial”

El secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, es uno de los tres expertos que trabajaron en informe que el secretario general de la OEA Luis Almagro remitió recientemente a la Corte Penal Internacional de la Haya. En este se apunta la comisión de graves delitos de lesa humanidad en Venezuela y se considera al presidente Nicolás Maduro como uno de los “autores intelectuales de la represión”. Este reporte da cuenta de por lo menos 167 asesinatos y 6385 ejecuciones extrajudiciales. De más de 12.000 encarcelaciones, 230 casos de tortura, 192 violaciones y un mínimo de 6 desapariciones forzadas.

En esta extensa entrevista con Clarín, Canton se explaya sobre el caso que conmueve hace años a la región, que se mueve hoy fuertemente pero dividida para denunciar los crímenes del régimen venezolano.

-La OEA no tiene capacidad para presentar un caso ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué futuro tiene la denuncia contra Venezuela?

-Según las reglas de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en su artículo 25, la investigación preliminar de la Fiscalía puede ser iniciada por las denuncias que reciban de organizaciones intergubernamentales. El Secretario General, Luis Almagro, envió hace unas semanas el informe que preparamos los tres miembros del Panel de Expertos Independientes de la OEA. Actualmente la Fiscalía lo está evaluando y esperemos que abra una investigación formal. También esperamos que los Estados se sumen a la presentación.

-La Fiscalía puede abrir la denuncia como no. ¿Cómo sigue?

-Puede como no. No está obligada a hacerlo. Conviene distinguir entre Fiscalía y Corte. Son dos cosas separadas. La Fiscalía puede abrir el caso. Y ahora estamos en esa etapa, una etapa previa que es que la Fiscalía investiga. En diciembre la Fiscalía empezó una investigación por su cuenta. Nosotros fuimos después y presentamos más información. Ahora la Fiscalía tiene que abrir un caso. Lo ideal sería que algunos Estados, o uno, le pidan a la Fiscalía que lo abra. Si un país cualquiera le dice a la Fiscalía queremos que le abra una investigación a Venezuela, la Fiscalía está obligada a abrirlo. Ahora no está obligada, está investigando y ojalá lo abra. Ahora el secretario general y el grupo de expertos independientes, que somos tres, estamos tratando de que los Estados se tomen en serio el problema de Venezuela, y decidan resolverlo por la vía más legítima que hay, que es que haya justicia.

-¿Por qué cree que Venezuela hasta ahora sólo ha generado un cúmulo de declaraciones y críticas de países sin efecto?

-Ese es el problema de Venezuela por lo menos desde 2005. La Comisión Interamericana viene denunciando la situación de Venezuela desde 2001.

-¿Y qué pasó?

-Los Estados de la región sistemáticamente se negaron a actuar en base a lo que decía la Comisión Interamericana. Eso fue por lo menos desde el 2001 en adelante. Argentina y otros países tuvieron un rol negativo en eso. Ignoraron lo que dijo la Comisión Interamericana. Se podrían haber hecho un montón de cosas y no se quisieron hacer. El secretario general de la OEA de ese momento, (José Miguel) Insulza, tampoco quiso hacer nada. Había ya una situación con claras violaciones de los derechos humanos dichas por la CIDH, inclusive una CIDH compuesta por mucha gente de la izquierda de América Latina, y los Estados, los gobiernos, dijeron: ‘No vamos a hacer nada’. Hay una responsabilidad de los Estados por la situación en que se encuentra hoy Venezuela. Esto se podría haber evitado mucho antes. Yo siempre sostengo: en el 2001 se aprobó en Lima la Carta Democrática Latinoamericana. ¿Por qué se aprueba en Lima? Porque el ex secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, luego de lo que vivió Perú con la dictadura de Fujimori, decidió que había que evitar en América Latina que pase lo que pasó en Perú. Los golpes de Estado ya sabemos cómo son. Lo de Perú fue algo distinto. Entonces había que crear un mecanismo para evitar eso distinto.

-La Carta Democrática Latinoamericana.

-Sí. Se decide crear un mecanismo colectivo, regional, para evitar que pase ese tipo de dictadura, digamos, blanda con una especie de figura democrática o con disfraz democrático. Y cuando pasa lo de Venezuela, era exactamente lo que se quiso evitar con la Carta Democrática Interamericana. O sea, una democracia que fue desapareciendo de a poco, y que los países colectivamente iban a evitar. Y no lo hicieron. Fue el principal fracaso de la Carta Democrática y de la defensa colectiva de la democracia en América Latina. Unasur no hizo nada, la OEA no hizo nada y el Mercosur no hizo nada. Acompañaron a Venezuela al cadalso. “Sí, sí, vamos todos juntos, te ayudamos, te apoyamos”, pero estaban apoyando a que al pueblo venezolano le pasara lo que le está pasando ahora.

-Pero hoy, a pesar de ese fracaso y del empeoramiento de la situación, aún existen en la región las mismas diferencias sobre Venezuela.

-Hay una diferencia enorme. El actual secretario general ha hecho un montón de cosas, incluyendo esto del grupo de expertos independientes para presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué es importante lo de la Corte Penal Internacional? Porque fíjate que hoy todos coinciden -Comisión Interamericana, el grupo de expertos independientes, la Corte Interamericana, la sociedad civil- en que no existe justicia independiente en Venezuela. No hay nada, cero. Tampoco existe justicia interamericana porque Venezuela se retiró de la Comisión Interamericana y de la OEA. Por lo tanto no hay ninguna salida institucional, democrática, a la crisis venezolana salvo la Corte Penal Internacional. Y ahí sería importante que los Estados lo acompañen.

-Uno podría pensar que viniendo del gobierno de José Mujica, Almagro iba a tener una posición más condescendiente con Venezuela y termina siendo uno de los primeros que lo enfrenta ¿Qué pasó?

-Ese es el mérito. En un primer momento, Almagro buscó resolver la crisis de Venezuela por las vías democrática e institucional del sistema interamericano porque él sabía que había violaciones de los derechos humanos. Si se viene diciendo en la Comisión Interamericana desde el año 2001. El grado de error de los países de América Latina, incluida Argentina, fue no tener en cuenta que se estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana lo dijo. Hay que leer el informe de 2009 de la Comisión, donde claramente dice que hay graves violaciones a los derechos humanos. Lo dijeron Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El mundo entero institucional y sociedad civil dijo que había graves violaciones y los Estados latinoamericanos no hicieron nada.

-Eran gobiernos afines. Lula, Chávez, los Kirchner…

-El gobierno de Cristina Kirchner, para poner un caso, ¿qué hizo en derechos humanos internacionalmente? Fue el primer gobierno que desde el 83 abandonó la bandera de apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-¿Cómo se hizo el informe que presentaron ante La Haya?

-Se consiguió información de distintas fuentes, hubo audiencias en Washington adonde fueron varios testigos a declarar, hubo audiencias públicas que se transmitieron vía Internet. Luego se solicitó a la sociedad civil que envíe información tanto de Venezuela como internacional y luego la Secretaría General de la OEA hizo una investigación para conseguir información adicional y nos la pasó a nosotros. De esas tres fuentes, nosotros pudimos preparar este informe que, si uno lo mira, coincide en lo sustantivo con todos los demás informes que ha habido, inclusive uno de una semana atrás de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU que le pide específicamente a la CPI que habrá una investigación, la misma situación que el grupo de expertos independientes. Los Estados hasta ahora lo han tomado muy bien pero falta la otra etapa que es acudir a la Corte.

-¿Qué piensa la OEA de apuntar contra el negocio del petróleo, en particular que Estados Unidos deje de comprarles el crudo?

-Lo que ha hecho la OEA es todo lo posible dentro de la OEA, dentro de la Carta Democrática Interamericana. Lamentablemente no se consiguen los votos para hacer eso pero se estuvo cerca.

-¿De qué depende que la Fiscalía de La Haya acepte la denuncia sobre Venezuela?

-El criterio jurídico es fundamento razonable de que hay un delito de lesa humanidad. Nosotros creemos que el grupo está convencido de que existe un fundamento razonable para iniciar un caso. Después, si se puede probar o no es otra cosa. Existe un fundamento más que razonable. No tenemos duda de varios casos en que claramente hay ejecuciones extrajudiciales. Los casos de tortura no tenemos ninguna duda de que hay y son muchos y muy graves. De persecución política no tenemos ninguna duda. La crisis humanitaria ya es más difícil de probar pero lo hemos planteado porque consideramos que se debe investigar. Si el objetivo es un fundamento razonable para investigar, no tengo ninguna duda de que la Corte Penal Internacional tiene que abrir el caso. Pero ahí veremos qué pasa.

-¿Qué piensa de la situación de los derechos humanos en el continente?

A mí me tocó estar en la Comisión Interamericana y con la Fundación Kennedy, y uno nota un fuerte retroceso en materia de derechos humanos a nivel mundial. Y eso por la ausencia de líderes que levanten la bandera de los derechos humanos. Y, por el contrario, los líderes que tienen influencia en el mundo hoy en día no sólo no levantan la bandera sino que muchas veces están en contra de los derechos humanos. Con el tema migratorio se ve muy claramente. Estamos a 70 años de la Declaración Universal, que es el primer documento en la historia de la humanidad que plantea el tema de los derechos humanos. Es hora de que haya un liderazgo nuevo que le dé vida nueva al tema de los derechos humanos a nivel mundial porque, si no, vamos a seguir retrocediendo y eso es gravísimo. Es gravísimo para todos nosotros.

-¿Por qué no se levantó la voz respecto a Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega antes? ¿Y por qué cuesta oír esa voz sobre los crímenes del poder estatal en México?

-Con Nicaragua se está levantando. Desde que comenzaron los hechos inmediatamente respondió la comunidad internacional. Lo hizo el secretario general y ya se creó un grupo de cuatro expertos independientes, donde hay un argentino, Pablo Parenti, para evaluar la situación.

-Pero muchos años después.

-Pero la situación de las ejecuciones extrajudiciales es de ahora. Eso empezó hace un mes, un mes y medio. Nicaragua en los índices de violencia es uno de los países más pacíficos de la región históricamente. Este hecho empezó hace un mes y medio y se empezó a responder ahora. Y la comunidad internacional está respondiendo. Más allá del reconocimiento de la realidad venezolana en cuanto al tiempo y al poder que representa Venezuela en la región. Hay una diferencia. México es distinto.

-¿En qué difieren?

-En un aspecto, el de las ejecuciones extrajudiciales. En asesinatos por parte de militares o paramilitares hoy están en la misma situación. Y hoy en este corto período de tiempo la situación es peor en Nicaragua posiblemente en este tema, el de las ejecuciones. Son 15 años de Venezuela frente a dos meses de Nicaragua. Entonces la comunidad internacional hoy tiene la oportunidad de resolver lo de Nicaragua antes de que crezca y antes de que Ortega decida perpetuarse en el poder. Hoy es posible resolver eso. Con Venezuela perdimos la oportunidad de hacerlo con Insulza en la OEA. La otra diferencia con México es que Venezuela es un paria regional. Hoy no es parte de nada. Abandonó la Comisión, la Corte Interamericana. No hay mecanismo de resolución de conflictos. México tiene un montón.

-Pero la crítica a México es que se empodera de una voz de la democracia, cuando a nivel interno tiene grandes quiebres para resolver la violencia del mismo Estado.

-Estoy de acuerdo. Por eso, en derechos humanos hemos denunciado las decenas de miles de ejecuciones extrajudiciales donde hasta uno puede informarse, ha habido participación del ejército. De eso no hay duda. Es gravísimo, una cantidad mucho más abrumadora de lo que se puede encontrar en Venezuela. Son decenas de miles de personas ejecutadas en los últimos años. La situación es gravísima si uno tiene en cuenta la cantidad de violaciones a los derechos humanos. Pero si uno tiene en cuenta la posibilidad de respuesta institucional de México, que acaba de hacer una elección y ganó un candidato que representa un cambio, uno ve que ahí adentro hay cambios que pueden funcionar. En Venezuela no existe ninguna posibilidad de cambio político ni jurídico porque está completamente tomado el poder judicial.

-¿Y cuál es el rol de EE.UU. en esa OEA?

-El rol de los Estados Unidos dentro de la OEA es histórico. Y en gran parte es el motivo del fracaso de la OEA. Pero el caso de Venezuela yo lo distingo porque inclusive en momentos donde había uno de los presidentes más dispuestos a resolver la crisis de Venezuela de una manera respetuosa de los derechos fundamentales como fue (Barack) Obama, tampoco se pudo hacer nada dentro de la OEA. Ahí hay un problema que va más allá de Estados Unidos. O sea un fracaso regional grave.