Orden de detención contra Rafael Correa: “La decisión final sobre su extradición será política”

El abogado penalista y experto en procesos de extradición, Pierre Monville./ Archivo personal

El abogado penalista y experto en procesos de extradición Pierre Monville consideró, en declaración a Clarín, que el proceso contra Rafael Correa será decidido por una decisión política. Este abogado explicó los pasos que debería dar ahora la Justicia belga y su gobierno si recibe, que aún no ha recibido, una orden desde Interpol tras el pedido internacional de detención emitido contra el ex presidente por la la Justicia ecuatoriana.

Explica Monville que la documentación de Interpol debe llegar a la Fiscalía Federal belga, que tramitará el caso ante un juez de instrucción. Este juez, primera instancia del proceso, debería en principio convocar a Correa, comunicarle el pedido de la Justicia ecuatoriana y decidir sobre la marcha si le permite seguir viviendo en libertad (con o sin medidas cautelares, como podría ser la retirada del pasaporte) o si lo encarcela durante el período que dure el proceso. Su entrada en prisión sólo se ordenaría si el juez considera que hay riesgo de fuga.

Bélgica no extradita a sus nacionales, pero Rafael Correa no tiene la nacionalidad belga a pesar de que su esposa es belga y la nacionalidad de su esposa no impediría, según Monville, que Correa fuera extraditado. Este abogado explica que tampoco hay proceso jurídico posible por el que el gobierno belga podría otorgarle de urgencia la nacionalidad a Rafael Correa.

Este experto en extradiciones cree también que la decisión final, si la extradición llega a tramitarse, sería una decisión política aunque los primeros pasos del proceso los tomará la administración de Justicia.

La “Convención de Extradición entre Bélgica y la República de Ecuador” data de 1887 y entró en vigor en 1889. El texto del acuerdo enumera los delitos y crímenes por los que ambos países pueden aprobar la extradición, de la que quedan excluidos los nacionales. Entre ellos aparece el tipo penal de “asociación de malhechores”.

La Justicia ecuatoriana pidió su entrega por presuntamente haber ordenado el secuestro de un opositor y por “asociación ilícita”. Ese sería el tipo penal similar al que podría agarrarse una petición de la Justicia ecuatoriana.

El artículo 5 de la Convención de Extradición asegura que esta no será concedida “si el hecho por el que se pide es considerado por la parte requerida como un delito político”.

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