Donald Trump arrasa con la política de diversidad racial de Barack Obama

Si un chico latino o afroamericano buscaba ingresar a una universidad estadounidense, tenía hasta ahora la ventaja de gozar de ciertas prioridades por pertenecer a una minoría tradicionalmente postergada en los Estados Unidos. Esta política, conocida como “acción afirmativa” o “discriminación positiva”, fue llevada a su máxima expansión durante el gobierno de Barack Obama, con el objetivo de promover la diversidad y el ascenso educativo y socioeconómico de los sectores menos favorecidos en este país.

Así, las universidades establecían ciertas proporciones para su cuerpo de alumnos y con este sistema quizás algunos jóvenes blancos quedaban afuera, aunque tuvieran un perfil académico excelente, mientras que algunos postulantes con menor desempeño ingresaban porque pertenecían a una minoría.

Esta política era cuestionada por muchos estadounidenses, sobre todo por los sectores blancos, pero era fundamentalmente rechazada por la inmensa mayoría de los votantes que llevaron a Donald Trump al poder, que consideran a los inmigrantes y minorías como una amenaza laboral y a la identidad WASP (blanca, anglosajona y protestante, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

No extrañó entonces la polémica decisión que tomó esta semana el presidente Trump: anuló 24 normas de discriminación positiva que proclamó su antecesor para potenciar la presencia en las universidades de miembros de las minorías hispana y afroamericana. En un comunicado, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, anunció el fin de estas directivas porque considera que esos documentos proclamados entre 2009 y 2016 eran “innecesarios”, “desactualizados”, “inconsistentes con la ley existente” e “inapropiados”.

El titular de Justicia argumentó que su decisión se basa en una orden ejecutiva que Trump firmó en febrero de 2017 y que exigió que se identificara, anulara o modificara aquellas regulaciones que consideren innecesarias en todos los ámbitos, una idea fundamental para el Partido Republicano, que busca minimizar las regulaciones del Ejecutivo para no restringir la libertad individual.

Con su controvertida decisión, que seguramente abrirá una batalla legal, Trump volvió a golpear uno de los pilares de las políticas de Obama, algo que ya hizo con la retirada del acuerdo climático de París, la ruptura del pacto con Irán y la guerra comercial con China y Europa, entre varios temas. Es un gesto para sus votantes de la “América profunda”, a pocos meses de las elecciones legislativas de noviembre, en las que Trump y los republicanos buscan mantener la mayoría en las dos cámaras del Congreso.

Los demócratas pusieron el grito en el cielo, al igual que organizaciones civiles y expertos en educación. Argumentan que las 24 medidas de acción afirmativa son necesarias para resolver la discriminación que durante décadas han sufrido las minorías negra e hispana, que acceden a la universidad en menores proporciones que la población blanca debido al elevado costo de la educación superior. De hecho, un informe publicado en 2013 por la Universidad Georgetown señala que los estudiantes blancos acceden cada vez más a instituciones educativas selectas, mientras que aumenta proporción de afroamericanos e hispanos en universidades públicas.

Esto sucede, además, mientras en el país crece la inédita sensación de que la Casa Blanca está habitada por un presidente que discrimina. Según una reciente encuesta de Quinnipiac University, un 49% de los estadounidenses cree que Trump es un racista. Una cifra sorprendente, aunque es mucho más baja entre los republicanos. El magnate jura que no lo es, pero los hechos muestran que el presidente –ya desde la campaña electoral— ha apuntado especialmente contra los hispanos, a quienes acusa generalizadamente de ser violadores y narcotraficantes, y ha defendido a blancos violentos en episodios raciales en Charlottesville.

Consultada por Clarín, Marybeth Gasman, profesora de Educación de la Universidad de Pennsylvania, señaló que “la administración de Trump ha demostrado una y otra vez que no le importan ni los afroamericanos, ni los hispanos, y que quiere desmantelar sistemáticamente cualquier programa o política que genere equidad. Hay un gran temor en el Gobierno y los partidarios de Trump en torno a los cambios demográficos de nuestra nación y están tratando de sofocar el sustento de los que no son blancos. Es un momento muy problemático para cualquiera de nosotros que cree y lucha por la justicia. Es un período vergonzoso de nuestra historia”.

Gasman observa la situación con alarma: “Trump está comprometido con la supremacía blanca. Si los colegios y universidades se derrumban y permanecen en silencio, dañará a las minorías y les impedirá su pasaje la clase media. Un gran número de jóvenes de minorías en los EE.UU. no tiene acceso a la misma educación, vivienda, atención médica, etc., que los blancos (en general). Esto dificulta que muchas minorías persigan el sueño de un título universitario. Si queremos apoyar la equidad en los Estados Unidos, debemos apoyar la acción afirmativa”, agregó.

Pedro Noguera, profesor de Educación en UCLA, señaló a Clarín que “hay una gran probabilidad de que Trump haya tomado esta medida porque su base conservadora está totalmente de acuerdo con esta decisión y a Trump le gusta alimentar su base”.

Si bien la decisión produjo una fuerte conmoción, el futuro no es claro. “No se sabe hasta ahora cómo afectará esta medida a la mayoría de las universidades en los Estados Unidos”, apunta Noguera. Añade que “el gobierno federal tiene un rol limitado en sobre cómo se toman las decisiones relativas a las admisiones a la universidad, especialmente en las universidades privadas. Sin embargo, la administración puede tener las herramientas legales para demandar a algunas universidades en base a esta orden ejecutiva para demostrar que es un hecho muy grave. Ya veremos cuál será la decisión de las universidades privadas”.

Para Noguera, “Estados Unidos se caracteriza por una profunda desigualdad racial. Es una de las pocas naciones que sistemáticamente invierte menos dinero en la educación de los niños pobres y pertenecientes a las minorías. Esta decisión agravará ese problema y dificultará que las minorías reciban una educación universitaria.

El experto alerta que “la movilidad social ascendente en los Estados Unidos en gran medida depende del acceso a una educación universitaria. Esta decisión hará que la movilidad social de las minorías pobres sea mucho más difícil”.

La decisión del gobierno llega justo antes de que, en octubre, comience un juicio en el que participa el Departamento de Justicia y donde debe determinarse si la Universidad de Harvard discriminó a los estudiantes de origen asiático en su proceso de admisión al exigirles un mayor nivel que al resto. El Tribunal Supremo ya se ha posicionado en varias ocasiones desde la década de los 70 sobre la influencia de la raza en el acceso a la educación superior. Incluso en junio de 2016, la Corte reafirmó los criterios de discriminación positiva de las universidades al fallar en contra de una joven blanca, Abigail Noel Fisher, que había demandado a la Universidad de Texas por no admitirla como alumna al aplicar criterios que dan prioridad a las minorías.