La nominación de un juez para la Corte Suprema abre una batalla en el Senado de Estados Unidos

No se habla de otra cosa aquí en Estados Unidos que de la nominación del conservador Brett Kavanaugh como aspirante a la Corte Suprema de Justicia. Ni siquiera el sensacional rescate de los niños tailandeses ocupa el espacio más importante en diarios, webs y la TV, porque los estadounidenses saben que la decisión que tomó ayer el presidente Donald Trump es quizás la que más impacto tenga en sus vidas.

Si es confirmado por el Senado, la elección de este juez inclinará al máximo Tribunal definitivamente hacia la derecha -algo por lo que los grupos conservadores vienen luchando desde hace décadas- y podrían derogarse leyes trascendentales, como por ejemplo la que permite el aborto, el matrimonio entre homosexuales y las que otorgan poder a las agencias gubernamentales.

Kavanaugh será el quinto juez conservador en una Corte de nueve miembros, que hasta ahora tenía 4 progresistas, 4 conservadores y uno moderado -Anthony Kennedy- que alternaba sus votos y cada tanto se inclinaba por posiciones liberales como la defensa del aborto y las bodas gay. Pero este magistrado, que sirvió por años como fiel de la balanza, se retirará a fin de mes y Trump cumplió el sueño de los republicanos y de los votantes más duros de la América Profunda al nombrar en su remplazo a un conservador como Kavanaugh para que garantice por varias décadas “los valores” de los Estados Unidos.

Curt Levey, presidente del Comité por la Justicia, un activo grupo conservador, festejó:“Será la primera vez que podemos realmente decir que tenemos una Corte conservadora. Realmente será la primera vez desde los años 30”.

La decisión, al mejor estilo Trump, no hizo más que atizar a una sociedad que ya está dividida. El partido Demócrata y los grupos progresistas se aprestan a dar una cruenta batalla en el Senado y en las calles ante lo que presumen será un vuelco importante. Los ultraconservadores, sobre todo la derecha religiosa, festeja una nominación que impondrá un sello que perdurará mucho más allá de Trump, ya que Kavanaugh tiene 53 años y el cargo es vitalicio. Según manifestaron a esta corresponsal decenas de entrevistados en el interior del país en plena campaña electoral hace dos años, era el gran objetivo de los votantes cristianos que optaron a regañadientes por un magnate neoyorquino casado tres veces y que se jactaba de tocar sin permiso a las mujeres.

Kavanaugh tiene fuertes antecedentes republicanos: en 1990 se unió al equipo del fiscal independiente Kenneth Starr y ayudó a escribir el reporte que sirvió como base para el juicio político del presidente Bill Clinton. También participó en los esfuerzos de George W. Bush para detener el recuento de los votos en Florida en la disputada elección presidencial entre Bush y Al Gore en el 2000. Además, trabajó en la Casa Blanca de Bush por cinco años.

La pelea en el Senado será dura, pero saldría adelante, salvo sorpresas, en las próximas semanas gracias a la mayoría republicana. El mayor temor de los progresistas es que la nueva mayoría del Supremo invalide el fallo que en 1973 legalizó el aborto a nivel nacional. Kavanaugh ya ha expresado su desacuerdo con una decisión judicial que permitía a una inmigrante indocumentada adolescente abortar. Si llegara a considerarse un caso de este tipo en la nueva Corte, podría revertirse una política afianzada por años. Otro tema por el cual muchos temen es la situación de los inmigrantes -la corte analiza el caso de los dreamers- y la reforma de salud, ya que Kavanaugh ha hecho fuertes alegatos contra el “Obamacare”. Es probable también que cualquier debate sobre algún límite a la compra y portación de armas, así como también contra la pena de muerte, quede automáticamente desechado. También sería rechazada cualquier medida que otorgue poder a sindicatos y a agencias gubernamentales ya que es partidario de una escasa intervención estatal.

En una mirada a más corto plazo, Kavanaugh podría también darle una mano a Trump en sus embrollos judiciales. El nominado ha expresado alguna vez que un presidente acosado judicialmente no puede dedicarse plenamente a gobernar.